Acción Urgente | Amenazas de Muerte para Activista y defensor de Derechos Humanos en la Región Lagunera.

Autoridades aludidas

He recibido información de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas en el sentido de que se han agudizado las acciones de criminalización contra el ejercicio del derecho a la protección autónoma comunitaria especialmente mediante el anuncio público de órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias de Santa María Ostula, Aquila, Pómaro y San Juan Huitzontla; y los grupos de autodefensa de la Sierra Costa de Michoacán en los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila.

Particularmente existe preocupación por el riesgo de que sea atacada la libertad personal del comandante comunitario Germán Ramírez y por la consumada detención del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez. De acuerdo con la información obtenida directamente en la región, y en virtud de los antecedentes que referiremos, existe una preocupación legítima y fundada de riesgo inminente de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, estatales y/o grupos delictivos.

Por ello me adhiero a la acción urgente que reproduzco al final de esta comunicación y hago un llamado al gobierno del estado de Michoacán y al Gobierno Federal a privilegiar el diálogo, atendiendo la problemática que es de máxima urgencia, desde un enfoque que parta del reconocimiento pleno del derecho de los pueblos originarios para ejercer sus propias formas de protección y justicia; así como la innegable y fundamental aportación de los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila, mediante una organización ejemplar para recuperar la paz y la seguridad violentadas por la delincuencia y la corrupción. En el mismo sentido, llamo al Estado mexicano a garantizar la seguridad, integridad personal y la vida de miles de personas en la región Costa Sierra, así como que se asegure un clima en el que los mecanismos del diálogo prevalezcan y los acuerdos comunitarios sean respetados.

Gracias por su atención

ACCIÓN URGENTE
Criminalización hacia al pueblo Nahua de la región Costa Sierra

A 15 de noviembre de 2016

La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, de acuerdo con la documentación en la costa michoacana, tenemos información de la agudización de las acciones de criminalización en detrimento del ejercicio del derecho a la protección autónoma comunitaria, mediante el anuncio de órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias de Santa María Ostula, Aquila, Pómaro y San Juan Huitzontla; y los grupos de autodefensa de la Sierra Costa de Michoacán en los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila. Particularmente sabemos de la preocupación que existe por el riesgo de que sea atacada la libertad personal del comandante Germán Ramírez y por la consumada detención del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez.
Dicha criminalización motivó que las asambleas indígenas y populares de la región tomaran como acción de protesta el bloqueo de la carretera federal 200 y la toma de las presidencias municipales de Coahuayana, Aquila y Chinicuila. Tenemos conocimiento de los señalamientos públicos que ha realizado el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, desprestigiando estas acciones y consideramos que de ninguna manera se acerca a un entendimiento de la realidad que se vive en la región.
De acuerdo con la información obtenida directamente y en virtud de los antecedentes que referiremos, existe una preocupación legítima y fundada por el riesgo inminente de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, estatales y/o por parte de grupos delictivos.
Recordamos que precisamente con motivo de la detención de uno de los líderes de la policía comunitaria, el 19 de julio de 2015, en el marco de un operativo conjunto entre el Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal, se llevaron a cabo acciones que resultaron en una intromisión violenta en la comunidad de Santa María Ostula; dejando como resultado: la privación arbitraria de la vida del niño Hidelberto Reyes García, presuntamente por elementos castrenses; varias personas lesionadas y múltiples víctimas indirectas del terror vivido por la comunidad a causa de esta incursión.

Así también, a las organizaciones de derechos humanos firmantes nos preocupa que a pesar de existir medidas cautelares a favor de Santa María Ostula dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, éstas no han tenido ningún efecto debido a la falta de voluntad del Estado mexicano para atender de manera integral las exigencias de la comunidad en materia de seguridad y justicia, lo que ha puesto en riesgo la vida y la integridad de la población.
Tenemos conocimiento de las múltiples denuncias por ejecuciones arbitrarias y desapariciones, que se han elevado en las comunidades de la región, sin encontrar respuestas efectivas de las autoridades competentes. Esta omisión se extiende a las reiteradas denuncias de las comunidades para que sean detenidos Federico González y Mario Álvarez López, a quienes ubican como responsables de estos hechos.
Hacemos un llamado al gobierno del estado de Michoacán y al Gobierno Federal a privilegiar el diálogo, atendiendo la problemática que es de máxima urgencia, desde un enfoque que parta del reconocimiento pleno del derecho de los pueblos originarios para ejercer sus propias formas de protección y justicia; así como la innegable y fundamental aportación de los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila, mediante una organización ejemplar para recuperar la paz, la seguridad violentada por la delincuencia y la corrupción.
En el mismo sentido, llamamos al Estado mexicano a garantizar la seguridad, integridad personal y la vida de miles de personas en la región Costa Sierra y que aseguren un clima en el que el mecanismo del dialogo prevalezca y los acuerdos comunitarios sean respetados.

Presidente Enrique Peña Nieto. FAX: (+52) 55 5093 4901. E-mail:[email protected]
Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán.
(+52) 443 322-90-00 Ext. 109 E- mail: [email protected]
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior). Fax: + (+52) 55 5093 34 14. E-mail: [email protected]
Sr. Roberto Campa Cifrián, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fax: (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586. E-mail:[email protected]
Paulo Abrao; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1889 F St. N.W. Washington, DC, U.S.A. 20006 / E-mail: [email protected] / Teléfono: (202) 370-9000 / Fax: (202) 458-36
Sr. Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacione. Correo-e: [email protected]
Dr. Raúl Cervantes Andrade, Titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Teléfono: (+ 52) 53460000

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