Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos expresando nuestra grave preocupación ante evidente intención del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad de impedir, una vez más, el derecho a la protesta pacífica de las personas guatemaltecas.
El anterior 11 de octubre, la Corte de Constitucionalidad aprobó una resolución en respuesta a la solicitud de ejecución de amparo del Ministerio Público. En oposición con el análisis de la comunidad internacional que ha resaltado el carácter pacífico de las protestas, la decisión que se conoció en el expediente 1322-2023 establece que “(…) no todas las manifestaciones que se han realizado, han cumplido con lo dispuesto en el artículo 33 constitucional y los estándares internacionales”, califica de “abuso de los derechos de reunión y manifestación” las protestas masivas observadas en el país y autoriza el uso de la fuerza frente a afectaciones a supuesto bienes protegidos como el de tránsito.
Nos alarma que esta resolución esté abiertamente orientada a la desmovilización de las personas que están protestando pacíficamente ante las ilegalidades cometidas por el Ministerio Público, con acciones que pueden implicar el inicio de investigaciones contra quienes “abusen del derecho de manifestación” y la utilización de la fuerza pública “cuando no sea pacífica o haya indicios claros de amenaza inminente de violencia grave”.
Esta decisión llegó en el día 11 del Paro Nacional Indefinido que se motivó, entre otras razones, para resguardar la voluntad popular expresada de manera contundente en las elecciones celebradas el 20 de agosto. Particularmente, luego de que el Ministerio Público decidiese hacer un quinto allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el que sustrajeron más de 125 000 documentos que contenían actas originales.
El 18 de octubre, la Corte de Constitucionalidad emitió una nueva resolución dentro del expediente referido en el que se ordenó al Ministro de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil a «restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público». Más grave aún, se insta al Ministerio de Defensa Nacional a brindar cooperación para el cumplimiento de la resolución. Esta decisión llega después de que la Fiscal General solicitara la destitución del Ministro de Gobernación, quien renunció el anterior 16 de octubre.
Recordamos a las autoridades de Guatemala que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido dentro de sus estándares que ante posible colisión de derechos en contextos de movilización, incluidos los bloqueos: “corresponde tener en cuenta el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”. Además, debe adoptar medidas positivas para asegurar que este derecho pueda ser disfrutado por personas en mayor condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, niñez y adolescencia, así como mujeres; quienes son gran parte de la población que actualmente se está manifestando.
El Paro Nacional Indefinido ha sido muestra de la fuerza y resistencia indígena, comunitaria y popular en todo el país en rechazo al desempeño arbitrario del Ministerio Público. Las diversas expresiones que ha tenido la movilización pacífica nos han conmovido e inspirado.
Es por todo lo anterior que responsabilizamos al Estado de Guatemala, instrumentalizado por el Poder Judicial, por cualquier acto que impida el legítimo derecho a la protesta pacífica.
Llamamos a los mecanismos regionales y universales de derechos humanos, cuerpo diplomático y solidaridad internacional a monitorear la violencia que pueda desplegarse por esta resolución y pronunciarse de manera contundente, así como activar las herramientas que tengan de conformidad a sus mandatos.
Asimismo, expresamos nuestra solidaridad y respaldo con las personas manifestantes, especialmente defensoras indígenas, autoridades ancestrales, lideresas populares y barriales, jóvenes, mujeres activistas feministas, periodistas y otras defensoras de derechos humanos, quienes están en primera línea en defensa de la democracia. ¡Estamos con ustedes!
Hacemos un llamamiento a organizaciones de otros países a que se pronuncien sobre la situación en Guatemala y expresen su solidaridad y mantengan la vigilancia sobre lo que acontece en el país.
Firman:
Organizaciones regionales e internacionales
Organizaciones nacionales y locales