Acción Urgente

Gobierno de Jalisco debe de dar garantías judiciales a personas detenidas e investigar abusos policiales en manifestación

Hechos

La tarde del 4 de junio de 2020 grupos de manifestantes se congregaron en el exterior del Palacio de Gobierno en Jalisco para protestar por la detención arbitraria, tortura y presunta ejecución extrajudicial de Giovanni López el 4 de mayo, al ser detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por no portar cubrebocas. Las puertas del palacio permanecieron cerradas, según refieren los testimonios. La mayor parte de las personas que protestaban lo hicieron de manera pacífica, pero ante la fuerte indignación y la tensión, y ante la nula respuesta gubernamental algunos participantes escalaron la confrontación y lo primero que se difundió a través de medios y redes sociales fueron las imágenes de dos patrullas incendiadas, un policía al que le encendieron fuego y ejercicios de acción directa, como se conoce a la decisión consciente de transgredir la línea de la confrontación corporal con las fuerzas policiales.

Pasadas las ocho de la noche el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD),  organización que forma parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó que los elementos de seguridad presentes en las manifestaciones hicieron uso de gas lacrimógeno y utilizaron palos y piedras en contra de personas manifestantes y transeúntes, además observó la presencia de camionetas no rotuladas de autoridades. Horas más tarde esta organización reportó hostigamiento contra dos defensoras de derechos humanos de esa organización durante su labor de documentación de violaciones de Derechos Humanos.

Poco después de las diez de la noche el Frente por Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) emitió un comunicado llamando al respeto a los Derechos Humanos en el que confirmó la presencia de armas letales en el personal policiaco que contenía la protesta. También hizo un llamado a  respetar  y garantizar la protesta social como un ejercicio legítimo de derechos y de expresión del descontento social.

Minutos después la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) informó haber tenido presencia en centros de socorro y en la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) en donde identificaba el traslado de 28 personas entre ellas, al menos, seis menores de edad y dos mujeres.

Cerca de las once de la noche el gobernador Enrique Alfaro emitió un mensaje a través de Twitter en donde afirmó que compartía la indignación por la presunta ejecución extrajudicial de Giovanni, y expresó su molestia por el tono de las personas que se manifestaron. Afirmó que nunca había ocurrido algo así en Guadalajara y descalificó a las y los manifestantes afirmando que “muchos de ellos que no son de aquí de Jalisco, ni de Guadalajara”. Responsabilizó de los hechos a intereses “construidos en la Ciudad de México”. Finalmente señaló que los cuerpos policiacos a su cargo actuaron “a la altura de las circunstancias”. Afirmando también que “no se cometió ningún acto de violencia contra los manifestantes”.

Hacia la medianoche en Twitter se volvió tendencia el hashtag “#LOSVAMOSAMATAR” tras la difusión de videos en los que se ve cómo la policía es azuzada poco antes de salir a reprimir a los manifestantes y gritan “los vamos a matar” . De la misma manera hubo diversas denuncias en redes sociales

Exigencias

1. Evitar la criminalización de la protesta social. Cada persona detenida debe obtener las necesarias garantías judiciales, salvaguardar su integridad personal, ver respetado su derecho al debido proceso, así como a denunciar abusos policiales en su contra.
2. Garantizar a las y los familiares de las personas detenidas de manera inmediata toda la información pertinente sobre su paradero y estado de salud.
3. Establecer una investigación específica para las denuncias derivadas de la manifestación del 4 de junio que exigieron Justicia para Giovanni.
4. Hacer público el esquema y el mando del operativo del 4 de junio en Palacio de Gobierno.
5. Establecer una investigación sobre los métodos de adiestramiento policial y su posible naturalización de la tortura.
6. Garantizar una investigación seria, independiente y transparente sobre los hechos que originaron la protesta en memoria de Giovanni López. Consideramos que para ello es indispensable transparentar al máximo la investigación y permitir la auditoría de la misma por parte de la Sociedad Civil.
7. Evitar el establecimiento de medidas o criterios criminalizantes o estigmatizantes para el ejercicio de políticas públicas. Detener a las personas que deciden no protegerse, o señalar públicamente a personas originarias de un estado distinto a Jalisco no deben constituir el punto de partida de una investigación que verdaderamente permita a la sociedad de Jalisco conocer la verdad.

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Antecedentes

• El 19 de abril, el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez  publicó en el Periódico Oficial el acuerdo DIELAG ACU 026/2020, mediante el cual decretó diversas medidas obligatorias para prevenir y contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19. En este acuerdo se establece que aquellas personas que no cumplan con las medidas establecidas se les impondrán sanciones de carácter administrativo tales como: amonestación con apercibimiento, multas, clausuras parciales y totales a empresas y establecimientos, y arresto hasta por 36 horas y se coloca a la policía municipal como la principal responsable de asegurar la implementación del acuerdo.

• El 23 de abril el CEPAD publicó un pronunciamiento en donde advertía de las implicaciones en la implementación de dicho acuerdo y advertía que podría derivar en la comisión de violaciones a los derechos humanos debido a la ausencia de criterios y reglas de sanción y actuación en el desarrollo de las medidas establecidas,  tales que se podrían manifestar en abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, extorsión, el uso excesivo de la fuerza, actos de discriminación y la comisión de tortura o desaparición forzada.

• El 26 de abril la Red TDT publica un comunicado en el que señala que la emergencia sanitaria no debe de ser un pretexto para imponer políticas de mano dura. Califica de inaceptable que aprovechándose de la preocupación y angustia social, diversos actores políticos pretendan restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político. E incluye información sobre 7 estados, incluyendo a Jalisco.

• El 4 de mayo Giovanni López, un albañil de 30 años, fue detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, tras ser acusado de una falta administrativa y confrontarse con los oficiales.

• El 3 de junio en redes sociales se difundió un video que muestra el abuso policial contra Giovanni.

• El 4 de junio se convocó a una manifestación en protesta por los hechos de la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial, mismas que es a la que alude la actual acción urgente.

• La represión y detenciones arbitrarias en la protesta del 4 de junio recuerdan la manifestación altermundista de Guadalajara el 28 de mayo de 2004, y en las cuales también se llevaron a cabo fuertes represiones a la protesta social y en cuyo mando de primer nivel de seguridad en el entonces gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña estaba quien hoy de nueva cuenta se ostenta como titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco. El saldo fue de 120 personas detenidas y una veintena de policías heridos. Organizaciones civiles como la Coordinadora 28 de Mayo y  el CEPAD, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentaron que casi medio centenar de los detenidos fueron sometidos a tortura y tratos crueles y una decena de personas fueron encarceladas sin el debido proceso^[1].

Autoridades aludidas

Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
[email protected]

Aarón Mastache Mondragón
Comisionado ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
[email protected]

Enrique Alfaro
Gobernador de Jalisco
[email protected]

Enrique Ibarra Pedroza
Secretario General de Gobierno
[email protected] 

Gerardo Octavio Solís Gómez
Fiscal del Estado de Jalisco
[email protected] 

Lidia Elizabeth Canales Rodríguez
Encargada de la Secretaría Particular de la Oficina del Fiscal Estatal
[email protected]

Macedonio Tamez Guajardo
Coordinador del Gabinete de Seguridad
[email protected] 

Daniel Velasco Ramírez
Secretario de Seguridad Pública
[email protected] 

Alfonso Hernández Barrón
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
[email protected],

José Martínez Cruz
Director General de la Primera Visitaduría de la CNDH
[email protected]