Lunes 26 de agosto de 2019 – Las 57 redes y organizaciones feministas firmantes, continuamos denunciando y repudiando los ataques permanentes del Estado nicaragüense en contra de mujeres, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos en el país.
Entre éstos destaca el caso de María Guadalupe Ruiz Briceño, estudiante de 22 años que fue detenida de manera arbitraria el 13 de julio de 2019 por efectivos policiales mientras participaba en actos de protesta contra el Gobierno en las inmediaciones de la Catedral, en Managua. Desde entonces se encuentra privada de libertad bajo la acusación de robo agravado, siendo la única mujer entre las más de 130 personas presas políticas que aún se encuentran pendientes de ser excarceladas.
Previamente a estos hechos, María Guadalupe Ruiz Briceño había participado activamente en otras protestas en contra del Gobierno, siendo parte activa de distintos piquetes y acciones en la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN) los cuales generaron fuertes respuestas represivas por parte de autoridades y grupos de choque.
El caso fabricado en contra de María Guadalupe Ruiz Briseño ejemplifica un nuevo patrón en la forma de criminalizar a las personas que participan de las acciones de protesta social que se dan en Nicaragua, quienes ahora son acusadas de delitos comunes. Si bien previamente estos procesos se daban a través de acusaciones relativas a delitos de terrorismo o el secuestro extorsivo, entre otros, esta nueva modalidad genera que los casos políticos sean más difíciles de identificar y alimenta la narrativa del gobierno que señala que no tiene encarceladas personas por razones políticas.
Estas acusaciones requieren la fabricación de casos y la generación de pruebas falsas por los agentes policiales tras practicar detenciones arbitrarias. Las irregularidades en la actuación policial se ven respaldadas por parte de las fiscalías, que incorporan al proceso pruebas falsas e ilícitas. Posteriormente estas son admitidas por las autoridades judiciales, al mismo tiempo que eliminan del proceso las pruebas aportadas para su defensa.
Las graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos de los y las presas políticas, así como el incumplimiento de garantías mínimas y la violación de los derechos constitucionales que amparan a María Guadalupe Ruiz Briseño, hacen temer por su integridad. A sus condiciones precarias de reclusión, caracterizadas por el hacinamiento, se suman las irregularidades de no haber sido informada de manera oportuna sobre los motivos de su detención, haber sido puesta a disposición judicial después de transcurrir 48 horas de su detención y haber tenido limitado su acceso a visitas de familiares o de su abogado, además de ser sometida a constantes interrogatorios en los que se le pregunta por los líderes y lideresas.
Exigimos al Estado nicaragüense respetar el derecho a la protesta social, garantizar la integridad física, moral y psicológica de María Guadalupe Ruiz Briseño, así como su inmediata excarcelación y absolución respecto a los cargos fabricados en su contra, otorgándole la plena libertad.
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