Ciudad Juárez, Chihuahua, a 9 de marzo de 2023
Desde los últimos años se han recrudecido los abusos, de manera específica por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Operativos conjuntos de control migratorio en la zona centro de la ciudad se han intensificado, a la par de las detenciones arbitrarias donde agentes municipales cuestionan sobre el estatus migratorio de las personas, las extorsionan, les rompen documentación y les roban dinero y otras pertenencias. Por temor, la mayoría de las personas se van de la ciudad sin haber interpuesto una denuncia o queja.
Agencias de Naciones Unidas, se pronunciaron a finales de 2022, expresando su preocupación acerca del uso de la fuerza en el desalojo del campamento asentado en las inmediaciones del Río Bravo, zona que, por ser federal, queda fuera de la competencia del gobierno local, quien orquestó prioritariamente el desalojo. Llama la atención que titulares de diversas dependencias del Gobierno Municipal afirmaron la existencia de un dictamen bajo el cual actuaron, cuando éste nunca se generó, tal como lo indicó la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
Recientemente, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración estuvo en un acto público en Juárez, junto al Presidente Municipal y el Secretario de Seguridad Pública Estatal, en representación de la Gobernadora de Chihuahua. Anunciaron la puesta en marcha de un operativo conjunto para vigilar y atender a las personas en movilidad y exaltaron la coordinación de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, el discurso pro-derechos humanos se vio opacado por botas militares, cascos, armas largas y varias barreras humanas iluminadas por sirenas.
En relación a los hechos ocurridos el día 1ero de marzo del año en curso en la Catedral donde un grupo de agentes de la SSPM detuvieron violenta y arbitrariamente a personas en movilidad, entre ellas un adolescente y una mujer, quienes, según notas periodísticas, fueron brutalmente torturadas en instalaciones de la citada institución, es necesario mencionar que las organizaciones contamos con información oficial que da cuenta del uso sistemático de violaciones a derechos humanos a grupos vulnerables por parte de la policía municipal, que concuerdan con la narración de las víctimas. Aunque los agentes involucrados están bajo investigación, únicamente fueron reubicados en otra parte de la ciudad.
Más allá de cualquier diálogo entre la Secretaría de Seguridad Pública y los representantes de la Iglesia Católica en Juárez, el deber de la primera es investigar y sancionar cualquier conducta que implique una violación a derechos humanos, ya que no es el camino para construir puentes de diálogo. Estamos seguras/os que la unidad de voluntades promueve espacios de respeto para todas las personas, en especial las personas en movilidad.
Adicionalmente, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Migración realizó un operativo en el Hotel Úrsula ubicado en la zona centro de la ciudad, estando presentes quince unidades de la SSPM, 5 unidades de la Guardia Nacional (GN) y una tanqueta del Ejército Mexicano. Con la presencia desmedida de unidades, se envía un claro mensaje de intimidación a las personas, incluidas las mujeres viajando solas y las jefas de familia, quienes revelaron que agentes del INM les rompieron documentos migratorios. Un niño lloró tan sólo de ver la presencia de oficiales de migración, ya que su mamá comentó que a lo largo del territorio mexicano han recibido diversos abusos de su parte, y de tan sólo verles, su hijo entró en pánico.
Las organizaciones somos testigos del uso reiterado de toda clase de vejaciones por parte de agentes del INM, la GN y la SSPM en contra de personas en movilidad y locales. Las constantes denuncias por robo de pertenencias, extorsiones y detenciones arbitrarias dejan en evidencia que hay una grave crisis en materia de derechos humanos que debe ser atendida de manera urgente por todas las autoridades competentes.
Asimismo, es importante señalar que la violencia contra las personas en movilidad se está trasladando a trabajadores humanitarios y personas defensoras que denuncian las graves violaciones a derechos humanos. Durante el operativo conjunto del 8 de marzo, personal de la Guardia Nacional estuvo solicitando nombres a periodistas que documentaban los hechos, además de grabar y tomar fotografías a personas defensoras.
Ante esto, las organizaciones exhortamos al Gobierno Municipal a que:
A.C. CCIAPM; Albergue La Sagrada Familia, A.C.; Albergue para Migrante Toribio Romo, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) México / Albergue y Dormitorio San José; Albergue El Peregrino de Cáritas Mazatlán; Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (CAFEMIN); Casa de la Caridad Hogar del Migrante; Casa del Caminante JTatik Samuel Ruíz García; Casa del Migrante Casa Nicolás; Casa del Migrante El Samaritano; Casa del Migrante Hogar de la Misericordia; Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González; Casa del Migrante san Carlos Borromeo; Casa del Peregrino Migrante; Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI); Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C.; Centro de Día Jesús Torres Campos; Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca (COMI); Dignidad y Justicia en el Camino, A.C. – FM4 Paso Libre; Oasis Providencial, A.C. / Albergue Decanal Guadalupano; Programa Casa Refugiados, A.C.; Refugio Casa del Migrante; Uno de Siete Migrando, A.C.