Miércoles, 22 de mayo de 2019 – El lunes 20 de mayo recibimos la noticia de la excarcelación en Nicaragua de 100 personas que permanecían en situación de presas políticas, entre ellas 8 mujeres: Aleyda del Socorro Castro Membreño, María Adilia Peralta Cerrato, Jeysi Junieth Lagos, Yamileth del Carmen Gutiérrez Moncada, Tania Verónica Muñoz Pavón, Kenia María Gutiérrez Gómez, Kysha Cristelia López y Carolina Gutiérrez.
El mismo lunes, desde el entorno de las presas políticas nos llegó la denuncia sobre la comisión de diferentes actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra algunas de las presas.
Según la denuncia recibida, Kenia Gutiérrez fue objeto de agresiones físicas, presentando moretones en brazos y piernas; y Aleyda Membreño y Jamileth Gutierrez han estado sometidas a aislamiento, lo que generó un intento de suicidio de la primera de ellas.
Sumamente preocupante es la situación de la periodista Lucía Pineda Ubau, quien continúa presa y, según denuncian, se encuentran bajo aislamiento y presentando un estado físico y psicológico muy precario.
La situación de Lucia Pineda es equiparable a la de otras defensoras que, como ella, se han caracterizado por su visibilidad y su rol de liderazgo, como Amaya Eva Coppens o Irlanda Jérez, quienes también permanecen presas en condiciones que violan los estándares internacionales en materia de privación de libertad. Esto, sin duda, responde a la voluntad del gobierno de continuar con su estrategia de desmovilización y represión contra la organización popular, movimientos sociales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.
Al respecto, es importante destacar que el martes 21 de mayo, atendiendo a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió adoptar medidas provisionales para evitar daños irreparables a los derechos a la salud, vida e integridad personal de 17 personas que permanecen en situación de presas políticas, entre ellas: las ya excarceladas Tania Verónica Muñoz Pavón y María Adilia Peralta Serrato, y las todavía privadas de libertad Lucia Pineda Ubau, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón e Irlanda Undina Jeréz Barrera. Asimismo, la Corte IDH expresó su intención, “previa aquiescencia del Estado”, de realizar una visita a las cárceles donde se encuentren las personas beneficiarias de las presentes medidas, con el fin de poder entrevistarse con cada una de ellas, así como con diversas autoridades estatales.
No menos preocupantes son las denuncias respecto a la falta de eficacia de la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para contribuir al cumplimiento de los estándares de derechos humanos al interior del penal, pues su presencia en el país no parece estar incidiendo positivamente en la situación de privación de libertad de las presas y los presos políticos, ni en que el Estado cumpla con sus obligaciones en relación a los derechos humanos de las personas presas.
Ante todo ello, desde la Campaña #QueLasLiberen: