[PRONUNCIAMIENTO] ¡Alto a la represión de la protesta social en Jalisco!

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México, 07 de junio de 2020.

[PRONUNCIAMIENTO]

¡Alto a la represión de la protesta social en Jalisco!

El 4, 5 y 6 de junio, policías estatales y municipales han reprimido de forma violenta las movilizaciones ciudadanas llevadas a cabo en ejercicio del legítimo derecho a la protesta por la presunta ejecución extrajudicial de Giovanni López, ocurrida el pasado 4 de mayo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en el marco de las medidas decretadas el 19 de abril por el Gobernador del Estado Enrique Alfaro en torno a la pandemia COVID-19.

Estos actos de represión han conllevado golpizas, hostigamientos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de quienes participaron en la protestas, ciudadanas y ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones, así como la obstaculización de la labor de quienes defienden derechos humanos y ejercen la labor periodística. Mujeres y organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado que 28 personas jóvenes fueron detenidas (entre ellas 14 menores de edad y 2 mujeres) y más de 60 fueron objeto de desaparición forzada, y también se han denunciado hechos de violencia sexual.

Ello se da en un contexto de descomposición social que se ha venido gestando desde hace años en el estado de Jalisco, caracterizado por la ausencia de libertades fundamentales, la falta de confianza en la policía, la penetración del crimen organizado en las instituciones y, en específico, la ausencia de garantías de seguridad para las mujeres defensoras que, en este momento, están documentando las graves violaciones a derechos humanos bajo patrones sistemáticos de agresiones a mujeres.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y la IM-Defensoras expresamos nuestra preocupación y rechazo ante el hecho de que las medidas relacionas con la contención de la pandemia sean usadas, de manera contraria a lo establecido normativamente1 para amparar y justificar acciones arbitrarias, ilegales, y violatorias de derechos humanos por parte de los diferentes cuerpos policiales que operan en Jalisco.

Asimismo, condenamos la violencia generada por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de Jalisco, la Fiscalía General de Justicia de ese estado y las corporaciones policíacas municipales de la misma entidad frente a las movilizaciones realizadas los días 4, 5 y 6 de junio, y exigimos:

1. Al gobierno de Jalisco, ordenar el esclarecimiento de la situación de las personas que, ejerciendo los derechos de protesta y la libertad de expresión, han sido detenidas arbitrariamente, y asegurar a través de los órganos competentes, la investigación de las graves violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por funcionarios públicos e identificar a los responsables.
2. A la Fiscalía del Estado de Jalisco, informar sobre la identidad de las personas que aún continuan detenidas, su situación legal, su estado de salud, el lugar de detención y los delitos de los que se les acusa, y emprender todas las acciones necesarias para identificar a los funcionarios responsables de la violencia y las arbitrariedades ejecutadas y desarrollar investigaciones con perspectiva de género.
3. Al poder judicial del Estado de Jalisco, verificar la legalidad de las detenciones cometidas en el marco de las protestas y se ordene la inmediata liberación de quienes han sido privadas de libertad de manera ilegal y arbitraria.
4. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, tomar las medidas cautelares necesarias y emitir las recomendaciones dirigidas a asegurar la investigación de los hechos violentos y de las detenciones ilegales y arbitrarias, como medio para obstaculizar el derecho a la protesta, así como para asegurar la no repetición de hechos de esta naturaleza.
5. A las autoridades encargadas de la protección de víctimas y testigos así como al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, asegurar la protección de quienes denuncian los abusos policiales cometidos en el marco de la pandemia y de quienes están reaccionando frente a los cometidos ante las acciones de protesta.
6. A las autoridades federales correspondientes, especialmente la Secretaría de Gobernación, el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecer la coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes para asegurar la investigación y sanción de los funcionarios responsables de estos hechos y la no repetición de los mismos, así como desarrollar las acciones necesarias para garantizar que el derecho a la protesta y a defender derechos, así como el ejercicio periodístico, puedan ser plenamente ejercidos.
7. A la CNDH solicitamos atraiga las investigaciones del caso, dada la gravedad del mismo al advertirse que la práctica de desaparición forzada, tortura psicológica y física de las personas jóvenes realizadas el pasado viernes 5 de junio es una práctica sistemática en un Estado que registra más de 9,000 personas desaparecidas.

#SinDefensorasNoHayMovimiento
#ProtecciónYa