ENFOQUE: CEDAW Décima edición ante el Estado mexicano

E l 7 de julio de 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó sus observaciones finales, así como sus recomendaciones tras la elaboración y revisión del décimo Informe Periódico de México, presentado el 17 y 18 de junio de 2025 en Ginebra, Suiza. México fue también evaluado respecto al cumplimiento e implementación de las recomendaciones que el Comité realizó en su informe pasado, presentado en julio de 2018.

México y el CEDAW

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Oaxaca © Consorcio Oaxaca

Desde el 17 de junio de 1980, México firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tratado internacional adoptado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1979. De este, se desprende el CEDAW, el cual está integrado por 23 expertas y expertos independientes, elegidos por los Estados miembros, y es quien supervisa la implementación de la Convención, la cual es el principal instrumento internacional para proteger los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.

Los principales objetivos del CEDAW son combatir la discriminación contra las mujeres y garantizar la igualdad de género en todos los espacios, tanto personales como sociales.

Según las Naciones Unidas, “los Estados que ratifican la Convención están legalmente obligados a (…) eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en todos los ámbitos de la vida, garantizar el pleno desarrollo y avance de las mujeres para que puedan ejercer y disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales de la misma manera que los hombres, y permitir que el Comité del CEDAW examine sus esfuerzos para aplicar el tratado informando al organismo a intervalos regulares”.

El proceso para determinar las recomendaciones se divide en diversos pasos, iniciando con la presentación del Informe de los propios países. Tras la presentación, se les da oportunidad a organizaciones de la sociedad civil para compartir informes “sombras”, en los cuales pueden informar sobre su evaluación de la situación. A continuación, se lleva a cabo un espacio en el cual el Comité y una delegación estatal sostienen un diálogo público sobre el Informe. Finalmente, se presentan las observaciones finales y las recomendaciones del  CEDAW.

Décimo informe del Estado mexicano ante el CEDAW

© CIMAC

En esta ocasión, durante la audiencia que sostuvo el Estado mexicano ante el Comité, los días 17 y 18 de junio, cuando presentó su informe y respondió a las 209 recomendaciones que el Comité ha emitido desde 1998, la delegación, encabezada por la primera secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, e integrada por representantes de los tres Poderes de la Unión y de organismos autónomos, destacó “que la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, impulsó reformas legislativas que elevaron a rango constitucional la igualdad sustantiva y el combate a todo tipo de violencias hacia las mujeres, la paridad de género en todos los aspectos de la vida pública, así como la erradicación de la brecha salarial de género para garantizar que a trabajo igual corresponda salario igual”. Resaltó también la creación de la Secretaría de las Mujeres, “lo que coloca el compromiso con los derechos de las mujeres al más alto nivel”.

Citlalli Hernández reconoció, no obstante, que “persisten desafíos que deben ser atendidos de manera decidida y coordinada en estrecha colaboración con la sociedad civil”, y que el acceso a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición “siguen siendo pendientes para una vida libre de violencias, así como la urgencia de avanzar en la lucha contra la impunidad y la corrupción”. 

Si bien la relatora para México del CEDAW, Yamila González Ferrer, felicitó a México por la elección de una mujer como presidenta por primera vez en su historia y destacó la creación de la Secretaría de las Mujeres, ella, junto con las y los expertos del organismo, expresaron su preocupación por “retrocesos que afectan gravemente dos pilares fundamentales para la garantía de los derechos de las mujeres: la justicia con perspectiva de género y la autonomía de las instituciones encargadas de vigilarla y hacerla cumplir”. Asimismo, señalaron que las respuestas del Estado mexicano no estuvieron acompañadas por estadísticas que acreditaran los resultados.

En cuanto a desapariciones, el Comité expresó preocupación por su impacto diferenciado en las mujeres y destacó la deficiente atención a las madres buscadoras, quienes han sido víctimas de amenazas, desapariciones y asesinatos.

Las integrantes del Comité también abordaron el tema de la tortura sexual, señalando la ausencia de una política integral para brindar atención y reparación a las mujeres que han sobrevivido a esta grave violación de derechos humanos. Otro asunto relevante que destacaron fue la militarización; aunque el Estado mexicano negó su existencia, las expertas mencionaron la falta de garantías para proteger a las mujeres detenidas por fuerzas militares y la existencia de reportes sobre violencia sexual.

En este mismo contexto, el organismo de la ONU expresó su inquietud por el debilitamiento de la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por la eliminación de instituciones autónomas, como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).

Un tema que generó especial preocupación durante la evaluación fue la prisión preventiva oficiosa. El Comité CEDAW subrayó que esta medida afecta de manera desproporcionada a las mujeres y ha contribuido al aumento de la población encarcelada. Además, cuestionó al Estado sobre las acciones que está llevando a cabo para eliminar esta figura del ordenamiento jurídico nacional, conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Comité también manifestó su inquietud por el prolongado tiempo que muchas mujeres permanecen detenidas sin recibir una sentencia, señalando que esta medida se ha transformado en una forma de castigo en la práctica.

La audiencia continuó con cuestionamientos de las y los expertos sobre la falta de cumplimiento de las recomendaciones en lo que respecta a migración, educación, salud, trabajo, economía, condiciones jurídicas y discriminación en contextos familiares y relaciones de pareja, los cuales, fueron evadidos por la delegación mexicana, que se enfocó en destacar las acciones implementadas desde el inicio del nuevo gobierno y la narrativa según la cual sostiene que hoy “es tiempo de mujeres”.

Situación de las mujeres según la sociedad civil

Durante el periodo de examinación del décimo Informe de México del CEDAW, organizaciones de la sociedad civil publicaron alrededor de 100 informes “sombra” con el objetivo de visibilizar la situación de las mujeres desde el punto de vista de las organizaciones y los temas que trabajan.

© Consorcio

En su informe conjunto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una red nacional de 43 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en 22 estados de la República Mexicana, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), conformada por 88 organizaciones en 23 entidades, destacaron que actualmente se documentan 10 feminicidios en México por día y, de 2015 a abril de 2025, se asesinaron 34.715 mujeres, adolescentes y niñas. Sin embargo, solo 24,6 % de los casos son investigados como feminicidios. Igualmente, 29.509 mujeres están registradas como desaparecidas y no localizadas, según información del Gobierno Federal, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La Red TdT plantea que, aunque “la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha implementado acciones para erradicar la violencia contra niñas, mujeres y adolescentes, como la capacitación sobre la problemática del feminicidio y la implementación de un Protocolo Nacional de actuación policial en materia de violencia de género“, estas medidas tienen solo un enfoque en violencia familiar y no son suficientes para erradicar violencias graves.

Mencionan también que Oaxaca es el estado con el número de casos más elevado de feminicidios en México. La organización feminista oaxaqueña Consorcio informa que “desde el sexenio de Salomón Jara Cruz, que empezó el 1 de diciembre del 2022, hasta el 7 de mayo de 2025, se reportó 242 feminicidios en Oaxaca, con 27 casos sólo en los primeros 4 meses de este año. Además, se ha documentado un incremento en la saña y crueldad. El 67% de mujeres y niñas fueron ultimadas con arma de fuego; otros métodos de feminicidio particularmente crueles documentados fueron calcinación (9), estrangulamiento (8), y asfixia (7)”. Consorcio señala también que la mayoría de los casos sigue siendo investigada bajo una tipificación distinta al feminicidio: la FGEO tiene abiertas 453 carpetas de investigación por homicidio doloso de mujeres, tres veces más carpetas que por feminicidio (173).

Por consiguiente, en Oaxaca, “con base en datos oficiales, de 2018 a marzo 2023 fueron dictadas únicamente 42 sentencias condenatorias por feminicidio (29) y homicidio doloso de mujeres (13), lo que representa apenas el 6,6 % de los 631 de feminicidios registrados durante este periodo”.

Feminicidios en la Montaña © Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

Por su parte, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C., la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Las Vanders presentaron su Informe alternativo sobre la situación en movilidad humana, en el cual documentaron “el endurecimiento de las políticas migratorias, marcadas por la creciente militarización y la contención impuesta por Estados Unidos, lo cual restringe de manera significativa el acceso a derechos, dificulta el tránsito seguro y el acceso a mecanismos de protección internacional”.

Según este informe sombra, entre 2018 y 2024, más de 1 millón de personas, 30 % de ellas mujeres, fueron detenidas en estaciones migratorias, en donde permanecen privadas de su libertad, lo que facilita las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) contra niñas y mujeres en movilidad. Recalca que muchas mujeres son víctimas de violencia sexual a manos de agentes del Estado, “del INM, Guardia Nacional o de la comunidad de acogida”. Informa que, en el periodo antes mencionado, se abrieron más de 10 mil carpetas de investigación, pero ninguna fue judicializada, lo que considera preocupante, pues algunos de los delitos de estas carpetas de investigación incluyen el feminicidio contra mujeres migrantes, abuso sexual y secuestro.

Estos son un par de ejemplos sobre la información vertida en el centenar de informes “sombra” entregados al CEDAW por parte de organizaciones de la sociedad civil. Contrastan con la información presentada por el Estado y dan cuenta de que en México se vive una “realidad marcada por la violencia, impunidad e incumplimiento de compromisos. Desde cifras maquilladas sobre feminicidios, hasta la falta de acceso efectivo al aborto, la escasez de refugios a nivel nacional, el olvido presupuestal frente a la trata de personas y la persistencia del matrimonio forzado de niñas en regiones indígenas”. Asimismo, ponen en evidencia el cómo “el Estado mexicano sigue fallando en su obligación de garantizar a mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia y discriminación.”

Conclusiones del CEDAW para México

Finalmente, tras la revisión del informe presentado por el Estado mexicano, los informes “sombra” de las organizaciones y la audiencia, el CEDAW manifestó su preocupación por la “omnipresencia” de la violencia contra mujeres y niñas en México y, a través de 90 recomendaciones, urgió al Estado mexicano a hacer una inversión “efectiva y sostenible” en igualdad de género, así como, entre otras cosas, el reconocimiento formal de las personas buscadoras de desaparecidos, que en su mayoría son mujeres.

© SIPAZ – Archivo

Organizaciones de la sociedad civil respaldaron las conclusiones del CEDAW y aseguraron que México no logró acreditar avances significativos para la vida de las mujeres y niñas en el país. “Lamentamos que la representación oficial mexicana haya recurrido a evasiones, datos parciales y narrativas triunfalistas, mientras las violencias contra las mujeres persisten y se agravan en el país”, expresaron. Subrayaron que, a pesar de que el Estado afirmó que los feminicidios han disminuido, “las cifras oficiales cuentan otra historia: en los últimos seis años, no se ha logrado una disminución efectiva. En promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres en México. De estos crímenes, solo el 25 por ciento se investigan como feminicidio”. También señalaron la falta de datos estadísticos claros y actualizados, lo que impide evaluar si las políticas públicas realmente han beneficiado a las mexicanas.

En lo que las ONG consideran una “radiografía contundente de la violencia contra las mujeres”, el Comité CEDAW valoró que “la violencia contra mujeres y niñas en México ha aumentado, y es perpetrada tanto por agentes estatales, como no estatales, incluyendo al crimen organizado. Esta violencia abarca desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidios, a menudo con armas de fuego, y se agrava por la respuesta ineficaz del Estado y sus deficientes políticas de seguridad y control de armas”.

“En un contexto donde, por primera vez, una mujer encabeza el Poder Ejecutivo Federal, el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW debe marcar un cambio histórico y una oportunidad para la presidenta de presentar información precisa sobre los avances”, señalaron las organizaciones. Exigieron, asimismo, “transparencia, acceso a información pública, metodologías claras de evaluación y mecanismos de participación ciudadana”.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (PRODH) rescató que, con este nuevo examen se constituye como una oportunidad para seguir avanzando: “con objetividad fue puesto de relieve que, si bien los avances en la representación política de las mujeres son innegables, aún falta un largo trecho para poder afirmar que en el país son plenamente vigentes todos los derechos de todas las mujeres”, declaró.