Sin escuchar las legítimas demandas del pueblo garífuna e incumpliendo su función de procurar justicia para los pueblos indígenas y negros en Honduras, el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal general Oscar Chinchilla y la de Daniel Arturo Sibrián Bueso como fiscal general adjunto, ha ordenado a la Agencia Técnica de Investigación Criminal abrir una investigación penal contra Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH,Luther Castillo Harry, miembro de OFRANEH y actual Ministro de ciencia y tecnología, y el abogado Edy Tábora, miembro de la mesa jurídica de SUNLA y abogado de la OFRANEH.
A ello se suma la falta de avances significativos, por parte de la misma institución, en la investigación de la desaparición forzada de los cuatro jóvenes garífunas, entre ellos Snaider Centeno, presidente del patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz, ocurrida el 18 de julio de 2020.
Así como la falta de cumplimiento, por parte del Estado hondureño, de las sentencias sobre las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace siete años.
A lo largo de más de dos años, la OFRANEH ha acudido en repetidas ocasiones al Ministerio Público para exigir la continuación de la búsqueda e investigación de los cuatro garífunas desaparecidos mediante la creación de una fiscalía especial para la desaparición forzada, la incorporación de SUNLA en el proceso de investigación que involucra a los desaparecidos, y el verdadero cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Sin embargo, la institución sigue sin proceder de la forma que le corresponde.
Mientras tanto, la violencia sistemática contra el pueblo indígena garífuna continúa manifestándose en el acaparamiento ilegal de sus tierras y territorios, los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas contra miembros de sus comunidades, la persecución judicial y hostigamiento, y la violencia con motivos racistas enfocada en el exterminio de los pueblos de sus territorios ancestrales.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras, condenamos la actuación del Ministerio Público y exigimos el cese inmediato de la persecución e investigación penal contra las personas defensoras de derechos humanos.
Igualmente, reiteramos nuestro reclamo de justicia por la desaparición forzada de Snaider Centeno Tomas, Suami Mejía García, Gerardo Róchez Cálix y Milton Martínez Álvarez y el inmediato cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para acuerpar y respaldar las demandas legítimas y ancestrales del pueblo garífuna para que sus derechos territoriales ancestrales sean restituidos, y que su identidad y autonomía sea respetada.