Fotografía: Nancy Ángel
Guadalajara, Jalisco, 10 de octubre de 2026.
Las organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Red Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes “Red TDT” en la región occidente manifestamos nuestra preocupación ante la escalada de la respuesta de las autoridades frente a las movilizaciones ciudadanas que, durante las últimas semanas, se han desarrollado en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para exigir soluciones ante la crisis del agua que se vive en Jalisco.
Mientras las personas y comunidades enfrentan las consecuencias de los problemas en la calidad y el abastecimiento del agua, las autoridades han respondido a las expresiones de inconformidad con el despliegue de elementos antimotines, el cierre de estaciones del Tren Ligero y la colocación de vallas que han impedido el acceso de personas usuarias al transporte público. A estos hechos se suma la detención de Martín Cruz Roldán Aguilar, quien fue detenido durante una movilización la noche del 8 de octubre. Esta escalada resulta preocupante, pues evidencia una respuesta institucional que privilegia medidas de contención y control frente a una problemática que requiere soluciones urgentes, transparentes y de fondo.
El agua es un derecho humano, no un privilegio. Contar con agua suficiente, salubre y accesible es una condición indispensable para garantizar la salud, la dignidad y la vida de las personas. La falta de respuestas efectivas ante esta crisis profundiza la incertidumbre y la inconformidad social, al tiempo que coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad que las autoridades tienen la obligación de atender.
Ante la falta de soluciones oportunas, se ha recurrido a la movilización social para exigir que se garantice su derecho al agua. Frente a ello, recordamos que la protesta social, la libertad de expresión y el derecho de reunión son derechos humanos fundamentales para denunciar las problemáticas que afectan a las comunidades y exigir responsabilidades a las autoridades. Por lo que su ejercicio no debe ser motivo de intimidación, represalias ni criminalización.
El respeto a estos derechos exige que las autoridades garanticen condiciones para que las personas puedan manifestarse libremente, sin temor a sufrir agresiones, detenciones arbitrarias u otras formas de represalia. Si bien las autoridades tienen la obligación de garantizar la movilidad y la seguridad de todas las personas, las medidas adoptadas durante las movilizaciones deben respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y no pueden convertirse en mecanismos para inhibir la protesta ni desatender las demandas que la originan.
La detención de un manifestante exige esclarecer las circunstancias en que ocurrió y la legalidad de la actuación policial. Aunque la persona fue liberada, la Fiscalía del Estado de Jalisco inició una investigación en su contra por los delitos de ataques a las vías de comunicación y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Esta actuación resulta especialmente preocupante, pues, además de evidenciar el uso del sistema de justicia penal como mecanismo de criminalización de la protesta social, incorpora el delito de ataques a las vías de comunicación como una nueva vía para perseguir a quienes ejercen su derecho a manifestarse, generando condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad para las personas que toman las calles para exigir sus derechos.
Ante la convocatoria de nuevas movilizaciones a realizarse en los próximos días, hacemos un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales para que adopten, de manera preventiva, todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio libre y seguro del derecho a la protesta. Esto implica abstenerse de realizar actos de intimidación, hostigamiento o criminalización; cesar la práctica de colocación de vallas en espacios públicos que están albergando las movilizaciones sociales; evitar el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; y asegurar que cualquier intervención policial se apegue estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
Las autoridades deben generar condiciones que permitan a las personas manifestarse sin temor a represalias, proteger su integridad y garantizar que las movilizaciones puedan desarrollarse sin interferencias indebidas. Para ello, es indispensable privilegiar el diálogo con las personas manifestantes, establecer canales efectivos de comunicación y adoptar medidas que prevengan confrontaciones, sin utilizar la seguridad pública como justificación para restringir injustificadamente derechos.
La obligación de garantizar los derechos humanos no comienza cuando ocurre una agresión o una detención: exige actuar anticipadamente para prevenir violaciones. Por ello, las autoridades deben informar públicamente sobre los protocolos de actuación que implementarán ante futuras movilizaciones y garantizar mecanismos accesibles para documentar, denunciar e investigar posibles abusos policiales. Asimismo, resulta fundamental la presencia y acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, recordando que dicho organismo cuenta con las facultades de realizar acciones de observación, mediación y documentación de violaciones de derechos humanos.
Quienes suscribimos, creemos firmemente que la inconformidad social no se resuelve con vallas, antimotines ni detenciones. Se atiende garantizando derechos, escuchando a las comunidades y asumiendo responsabilidades. Por lo que la respuesta institucional debe centrarse en resolver la crisis del agua, brindar información pública verificable sobre su calidad y las medidas adoptadas para atender la problemática, así como establecer acciones inmediatas que garanticen el acceso a agua segura para todas las personas afectadas.
Por lo anterior, exigimos a las autoridades del estado de Jalisco y a los gobiernos municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara:
Asimismo, exigimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco el acompañamiento y observación de las movilizaciones sociales y, en caso de advertir la comisión de violaciones de derechos humanos, inicien los procesos de investigación correspondientes.
Reiteramos que el Estado tiene la obligación de garantizar tanto el derecho humano al agua como las libertades y los derechos de quienes se organizan para exigirlo. Ambos son indispensables para una sociedad democrática en la que las personas puedan vivir con dignidad y participar, sin temor a represalias, en la defensa de sus derechos.
Ante la crisis del agua en Jalisco, las autoridades deben asumir su responsabilidad y garantizar soluciones de fondo. La respuesta a las demandas sociales no pueden seguir siendo la represión y la contención de la protesta, sino la garantía de derechos y la construcción de condiciones para que todas las personas puedan ejercerlos plenamente.
¡El agua es un derecho humano!
¡Protestar no es un delito!
¡Exigimos soluciones a la crisis del agua y garantías para el ejercicio de la protesta social!
Organizaciones firmantes:
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)
Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez SJ” del ITESO.
Red Solidaria de Derechos Humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT)
Tsikini, A.C.