El día domingo 3 de noviembre de 2019 se registraron nuevas agresiones contra la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán. Estos actos fueron perpetrados por personas armadas lideradas por Fabio Flores (alías la Polla), conocido cacique, uno de los mayores invasores del territorio comunal de Azqueltán y principal agresor.
Según la información que hemos recibido, la primera agresión se suscitó alrededor del mediodía cuando Flores, junto con un grupo de personas armadas, desaparecieron a Ricardo de la Cruz, presidente electo del Consejo de Vigilancia del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales. Después de unas horas, Ricardo fue abandonado en un paraje rumbo a la comunidad, severamente golpeado y en estado delicado de salud.
Ante el grave riesgo en el que se encontraba el comunero, la falta de certeza sobre el actuar de las autoridades y a pesar de saber que había amenazas de agresión por parte del grupo armado, la comunidad decidió ir en su ayuda para no dejarle abandonado. Una vez que fue localizado, lo trasladaron a Villa Guerrero para recibir atención médica, sin embargo al llegar a la clínica de salud municipal la atención, inicialmente, le fue negada a pesar de las evidentes lesiones que presentaba. Ante la falta de acceso a servicios médicos, el estado de salud de Ricardo se deterioró por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital en otra localidad con el impacto que ello implicó en su estado de salud.
Cuando los miembros de la comunidad regresaban hacia Azqueltán, fueron perseguidos e interceptados por personas armadas a bordo de una camioneta azul y una blanca. Tratando de evitar el ataque, algunos comuneros lograron huir y esconderse entre los cerros, donde permanecieron varias horas. No obstante, un grupo de comuneros fue retenido, con saldo de 8 personas severamente golpeadas. Entre ellas, nos preocupa especialmente la delicada situación de salud de Rafael Reyes Márquez y de Noé Aguilar Rojas, Comisariado de Bienes Comunales, quien además estuvo algunas horas desaparecido.
Además de que se vieron camionetas ajenas rondando la comunidad durante la tarde, se reporta también que en la madrugada del día de hoy se escucharon tiros en el Izolta, parte de los terrenos comunales de Azqueltan.
La Comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán sostiene una lucha histórica por el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales, lo que le ha significado, como se ha documentado en otros casos de violaciones a derechos humanos contra defensores de la tierra y el territorio, hostigamientos, amenazas y persecución, tanto de actores gubernamentales como de supuestos pequeños propietarios que pretenden despojar a los Comuneros de sus tierras ancestrales.
La comunidad Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán está cobijada por la normatividad internacional en cuanto a sus derechos indígenas, reconocidos también por la constitución mexicana. A pesar de ello, la falta de certeza jurídica en cuanto a su situación agraria, atenta contra la autonomía y la libre determinación de las personas que la integran, lo que tiene como consecuencias una alta conflictividad social y que sus bienes naturales se encuentren en constante amenaza. Esta situación persiste a pesar de que la comunidad posee títulos primordiales que acreditan la posesión ininterrumpida de su territorio desde 1733 y que fueron declarados legítimos por la Secretaría de la Reforma Agraria el 16 de diciembre de 1954.
Dado que las invasiones al territorio de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán son hechos históricos ininterrumpidos hasta el día de hoy, la Asamblea como máxima autoridad en la comunidad determinó en fechas recientes que se realizarán las acciones necesarias para la defensa de su territorio y mantener la posesión de las tierras que por derecho le corresponden. Por ello, una Comisión recorrió el territorio y, al encontrar predios cercados, retiraron el alambre, el cual se encuentra a resguardo de las autoridades comunitarias (https://bit.ly/2NcyP4T).
Las agresiones contra la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán que aquí se denuncian, no son hechos aislados; muestra de ello es su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas desde junio de 2018.
En virtud de los hechos y antecedentes relatados realizamos las siguientes exigencias:
A las autoridades Federales, dado que la comunidad de Azqueltán es beneficiaria del mecanismo de Protección:
Al Gobernador Enrique Alfaro:
A la Fiscalía General del estado de Jalisco:
Alejandro Encinas
Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población
Aarón Mastache
Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas
Enrique Alfaro Ramírez
Gobernador constitucional del estado de Jalisco
Juan Enrique Ibarra Pedroza
Secretario General de Gobierno
Gerardo Octavio Solís Gómez
Fiscal General del Estado
Alfonso Hernández Barrón
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco