Cese inmediato a los ataques y al asedio en Coahuayula, Michoacan

Acción Urgente 006/2025

La Red Solidaria de Derechos Humanos A.C. ha recabado testimonios de habitantes de la localidad de Coahuayula que señalan las siguientes acciones perpetradas por grupos de la delincuencia organizada:

Coahuayula es una comunidad de la Sierra-Costa Michoacana, del municipio de Chinicuila en la que habitan alrededor de 150 personas, desde el 19 de julio de 2025 el crimen organizado ha asediado a la comunidad, quienes han reportado:

El bloqueo de caminos y accesos a las comunidades, así como disparos contra población civil que intenta transitar por ellos, además de ataques con armas de fuego dirigidos hacia las zonas habitadas de la comunidad.
Daños materiales significativos, que incluyen la afectación a viviendas, escuelas, el centro de salud y otros espacios comunitarios.
Amenazas directas a la vida de las personas residentes, incluyendo niñas, niños y personas adultas mayores, tanto en Coahuayula como en otras localidades.
Toma de 7 rehenes, entre los que había menores de edad y personas adultas mayores. (Ya fueron liberados)
Presencia de explosivos terrestres, ubicados en veredas de la comunidad.

La población manifiesta un temor fundado de que estas agresiones continúen afectando gravemente la vida de los habitantes, además de agravar la situación de desplazamiento forzado en la región.

Es importante señalar que esta no es la primera vez que el crimen organizado atenta contra la comunidad sin que hasta el momento las autoridades hayan realizado acciones efectivas para solucionar la situación.

Ante la grave crisis de derechos humanos en la región Sierra Costa de Michoacán, urgimos a las autoridades competentes a implementar las siguientes acciones:

Protección inmediata a la población civil

Desplegar fuerzas de seguridad, especialmente elementos del ejército y de la Guardia Nacional, en puntos estratégicos de acceso y salida de las comunidades afectadas con el posterior retiro gradual, de la mano con una estrategia de prevención, protección y seguridad que garantice la paz en la región.
Garantizar la integridad física y la seguridad de la población civil, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y personas mayores.

Acceso a la justicia y la reparación del daño

Localizar y garantizar el regreso con vida del maestro José Gabriel Pelayo Zalgado, defensor comunitario del pueblo Nahua, desaparecido el 19 de marzo de 2024.
Investigar los ataques y procesar a los responsables conforme a derecho.
Investigar el asesinato de Eustacio Alcalá Diaz defensor comunitario del pueblo Nahua de Michoacán.
Acceso a la justicia y localización del defensor comunitario Antonio Díaz y del abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes.

Condiciones para la vida digna

Implementar medidas para garantizar el acceso a servicios básicos, como salud y educación, actualmente interrumpidos por la violencia.
Proveer ayuda humanitaria inmediata a las personas desplazadas y a las comunidades aisladas.
Llevar medicamentos, víveres, así como atención psicológica.
Garantizar el acceso a la electricidad y las telecomunicaciones.

Participación comunitaria para construir políticas de protección y reconstrucción social en la región

Convocar a mesas de diálogo con autoridades estatales, federales y comunidades afectadas para diseñar e implementar estrategias integrales de seguridad y reconstrucción social en la región.

Asimismo, solicitamos la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para monitorear y visibilizar la crisis de derechos humanos generada por la falta de paz, seguridad y justicia en Michoacán. Solicitamos a todas las instancias internacionales a emitir pronunciamientos urgentes y exigir al Estado mexicano una respuesta inmediata y efectiva. OACNUDH, CIDH.

Autoridades:

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo

[email protected]

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla [email protected]

Titular de la Unidad de de Derechos Humanos: Dr. Froylan Enciso

[email protected]

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Pieda [email protected]

Gobierno del Estado de Michoacán: Alfredo Ramírez Bedolla

spg.michoacan.gob.mx

Secretaría de Gobierno de Michoacán: Lic. Juan Daniel Manzo Rodriguez

[email protected]

Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán: Juan Carlos Oseguera Cortés

[email protected]

Secretaría de Bienestar Michoacán: Andrea Janet Serna Hernández

[email protected]

Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas: Tobyanne Ledesma Rivera

[email protected]

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI): Adelfo Regino Montes

[email protected]

 

INPI Michoacán: Celerino Felipe Cruz

[email protected]

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: Jorge Gómez Ramírez

[email protected]

Fiscalía General de la República: Alejandro Gertz Manero

[email protected]

Fiscalía General del estado de Michoacán: Carlos Torres Piña

[email protected]

Comisión Estatal de Derechos Humanos: Josue Alfonso Mejia Pineda

[email protected]

Fiscalía regional de Coalcoman: Sandra Perales Valencia

[email protected]

Secretaría de Educación en Michoacán: Gabriela Desireé Molina

[email protected]

 

Secretario de Salud de Michoacán: Elías Ibarra

[email protected]

Gobierno del municipio de Aquila: Jose Maria Valencia Guillen

[email protected]

Gobierno del municipio de Coahuayana: Andres Rafael Aguilar Mendoza

Gobierno del municipio de Chinicuila: Justo Humberto Virgen Cerrillos

[email protected]

Gobierno del municipio de Coalcomán: Anavel Avila Castrejon

[email protected]

 

Firmantes

Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

 

Antecedentes

Desde 2023, los territorios Nahua de la Sierra Costa de Michoacán han sido blanco de violentos ataques perpetrados por grupos armados vinculados al crimen organizado. La situación se ha agravado con el uso de armas de alto calibre y explosivos, lo que ha resultado en asesinatos, desplazamientos forzados y el asedio constante a comunidades enteras.

Estos ataques han afectado gravemente a la población civil, incluidas niñas, niños, mujeres y personas adultas, provocando la destrucción de viviendas, la pérdida de vidas humanas y el aislamiento total de algunas comunidades.

Entre 2023 y 2025, organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales, así como diversos medios de comunicación han visibilizado la situación de peligro que enfrentan estas comunidades. La documentación de estos hechos permite identificar causas profundas, como la ausencia sostenida de paz y seguridad, así como la falta de garantías en el acceso a la justicia. Estas condiciones agravan el impacto de los delitos que afectan a la población.

Referencias de esta problemática son la falta de verdad, memoria y justicia en el caso del asesinato de Eustacio Alcalá, ocurrido en 2023, que sigue impune; así como la ausencia de avances en la investigación sobre la desaparición forzada de José Gabriel Pelayo, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.

 

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