Comunicado 006
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas denunciamos que la desaparición forzada en México no es un hecho del pasado, sino una práctica de Estado, sistemática, vigente y en incremento. Hoy, además de recordar a las miles de víctimas de esta grave violación a los derechos humanos, exigimos respuestas y acciones inmediatas para frenar la impunidad. La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos que un Estado puede permitir y/o cometer en contra de su población. La falta de castigo a los responsables hace que esta práctica sea empleada como una estrategia de control y terror social que se ha convertido en una herida nacional.
Sin embargo, el gobierno actual (al igual que los anteriores) se niega a reconocer su vigencia y responsabilidad en estos casos. Las recientes tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de este año señalan que la desaparición forzada no es solo un delito, sino también una violación a los derechos humanos. Por ello, debe ser atendida de manera integral e interdisciplinaria, tanto en la búsqueda como en la investigación, con el fin de dar con el paradero de las personas víctimas de desaparición forzada y con los responsables.
Asimismo, implica establecer medidas de reparación integral del daño, que no se limitan al aspecto económico, sino que incluyen el desmantelamiento de las estructuras que han permitido la persistencia de este crimen y la implementación de medidas y garantías de no repetición. Esta determinación refrenda lo que desde 2017 ya había sido reconocido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Es igualmente fundamental que el Estado reconozca la existencia de casos recientes en los que servidores públicos han estado directamente involucrados en desapariciones forzadas, abarcando distintos niveles de gobierno y diversas entidades federativas. Un ejemplo de ello es Jalisco, con el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde autoridades policiales y de alto nivel local —incluido el propio alcalde del municipio— participaron de manera directa y autorizaron la operación de este tipo de espacios. Además, se ha señalado la implicación de policías de municipios vecinos, lo que evidencia una dinámica regional de colusión institucional particularmente grave y compleja.
En México, quienes integran colectivos de búsqueda —principalmente familiares organizados que asumen la tarea que debería corresponder al Estado— enfrentan una doble violencia: por un lado, la criminalización, estigmatización y deslegitimación de su labor, y por otro, agresiones directas, amenazas y asesinatos. En 2024, Amnistía Internacional documentó que el 97 % de las buscadoras ha sufrido agresiones, 16 fueron asesinadas y sólo el 17 % se atrevió a denunciar ante las autoridades, mientras que la mayoría sufre daños físicos, emocionales y económicos graves
Por lo tanto, consideramos fundamentales las siguientes medidas:
Frente a la magnitud de este grave crimen reiteramos que la desaparición forzada no puede seguir siendo negada ni minimizada. Es urgente poner fin a la indiferencia, y la impunidad estableciendo y garantizando investigaciones serias, independientes, exhaustivas y con perspectiva de derechos humanos.
En este día de lucha, reafirmamos que la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición son una exigencia colectiva y un deber del Estado. Por ello, no dejaremos de luchar hasta encontrarles.
¡Presentación con vida!
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)